Los jueces constitucionales se enfrentan de manera creciente con interrogantes que los obligan a interactuar con evidencia científica. Como es sabido, las intervenciones en los derechos humanos deben estar plenamente justifica das; en muchos casos, el análisis de los conflictos entre derechos que la Suprema Corte de Justicia debe realizar requiere informarse de conocimiento científico o cada vez más especializado que permita discernir, por ejemplo, si una medida legislativa es idónea para cumplir con los fines constitucionales que persigue; cómo deben ponderarse las diferentes alternativas de intervención del sistema jurídico sobre la esfera del desarrollo y la vida de las personas; y cómo pueden matizarse en diferentes gradas estas intervenciones, para limitar lo menos posible cada uno de los derechos.
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