La emergencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19 representa un enorme reto para el país y requiere un ejercicio de responsabilidad colectiva para proteger la salud pública. Las medidas de distanciamiento social son el centro de la respuesta requerida. Las autoridades de todos los niveles de gobierno tienen el deber de garantizar las condiciones para que estas puedan llevarse a cabo, protegiendo en todo momento los derechos de las personas. Como establece el acuerdo publicado el 31 de marzo por la Secretaría de Salud, todas las medidas implementadas en torno a la emergencia sanitaria deberán aplicarse con estricto respeto a los derechos humanos de todas las personas. Por ello, las medidas que adopten las autoridades deben ser objetivas, temporales y proporcionales al riesgo. Su aplicación no puede ser discriminatorias o discrecional.
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