La población penitenciaria se enfrenta así a la imposibilidad de continuar con su proyecto educativo que, además de un derecho, constituye uno de los principales medios para garantizar una adecuada reinserción social. A su vez, esta circunstancia influye en sus posibilidades de desarrollo personal y profesional pues, tal y como reporta el informe GHK sobre educación y formación penitenciarias en Europa, realizado por la Comisión Europea, solo el 5 % de los presos se encuentra en disposición de cursar estudios superiores. Por tanto, la oferta de educación en materia de destrezas básicas responde a una realidad que afecta a una parte importante de los sujetos que se encuentran en privación de libertad.
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