El derecho internacional, y específicamente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, prohíbe la discriminación contra personas en razón de su orientación sexual, identidad y expresión de género. Como consecuencia, los Estados están obligados a derogar o reformar todas las normas que discriminen a estas personas y a tomar medidas para poner fin a todas las prácticas y políticas que generen discriminación en el acceso a otros derechos, sean estas impulsadas por el Estado o por terceros.