La incorporación de tratados de derechos humanos y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana al bloque de constitucionalidad, genera un grave problema de incerteza que usualmente no ha sido tratado por la doctrina partidaria de esa incorporación. Lo anterior no se debe a un mal funcionamiento de los ordenamientos jurídicos nacionales, sino a algunas características del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y a la manera en que la Corte pretende que funcione el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
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